Carlos V.P., indica “cuando entramos al local para comer, el dueño del local nos negó la entrada, alegando que no podía entrar con silla de ruedas; ante esto yo y mi familia solicitamos una explicación y avisamos de que íbamos a llamar a la Policía, recibiendo por parte del propietario del local una indiferencia total”.

 

Carlos V.P., explica “en pocos minutos viene una pareja de Policía Nacional, entran a hablar con el dueño y alega ante la Policía Nacional, que el local está lleno y que por eso no podían pasar; pero este es un local amplio que se encontraba casi vacío donde podrían entrar varias sillas de ruedas, es más, tienen baño adaptado como les obliga la ley. Los Policías se quedan estupefactos porque solo hay dos personas en el local; ante esto el dueño del local cambia el alegato, diciendo que con la mascarilla / respirador que llevo, puede tener problemas por si ocurre algo y tiene que llamar a un médico; siendo esto totalmente falso, ya que no necesito ninguna preparación especial para la comida, ni es algo que le repercuta al dueño del bar”.

 

Se ha presentado denuncia oportuna en la oficina de consumo por parte del afectado y CERMI CV, por su parte, hace constar que "esto es un caso flagrante de Disfobia por parte del dueño de este negocio". En estos momentos están a la espera de que la Generalitat se ponga en contacto con ellos.

 

En este sentido, el presidente de CERMI CV, Luis Vañó, ha señalado que lamenta que estos hechos tan sumamente graves sigan sucediendo en pleno siglo XXI y que “cada discriminación a una persona con discapacidad es un ataque a todo el colectivo” y que se debe perseguir estos comportamientos de forma contundente, si cabe todavía más, disponiendo también de más recursos para prevenirlos.

 

Vañó ha recordado que el Código Penal castiga como delito este tipo de hechos, “y no tenemos que olvidar nunca que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, proclama el derecho inamovible de las personas con discapacidad a acceder a las actividades de ocio en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano”. Así, ha hecho hincapié en que dicho tratado es de obligado cumplimiento no solo por las instituciones públicas, sino también por los operadores privados, como pueden ser establecimientos de ocio. Asimismo, ha advertido que la Convención recoge el derecho al ocio en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

 

El CERMI CV prestará asesoramiento y orientación jurídica a la persona afectada, con el fin de interponer denuncia ante fiscalía.